Los costos sociales de la obsesión del gobierno por ingresar a la OCDE

Colombia joins the OECD Development Centre Flickr

La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, está integrada por 34 países. Según su propia información institucional busca: trabajar para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental; medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias, y fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. Esta organización agrupa países como Alemania, Finlandia, Noruega, Francia, Luxemburgo, Austria, Israel, entre otros. Los países que conforman la OCDE, llamada también “El club de los países ricos”, en el 2007 proporcionaban al mundo el 70% del mercado mundial y representaban el 80% del producto nacional bruto mundial. En Europa, según los mismos estándares de esta organización, es España uno de los países más rezagados – por lo menos en el aspecto educativo – y en América Latina: Chile y México; estos son algunos de los países que no se consideran “ricos” pero que integran la OCDE.

Además de los 34 miembros plenos, 12 países con economías, que ahora son llamadas emergentes, son adherentes a la declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales, y participan en el trabajo del comité de inversiones de la OCDE, entre ellos Letonia y Colombia. Estos 12 países tratan de conformar el ‘club’ y para ello sus gobiernos están dispuestos a cumplir estándares en: administración pública, agricultura y alimentación, asuntos sociales, migración y salud, ciencia y tecnología, comercio, desarrollo, economía, finanzas e inversión, impuestos, empleo, educación, entre otros aspectos.

El análisis del cumplimiento de estos estándares se basa en la estadística, sin embargo, en Colombia los informes del DANE no tienen la entera credibilidad de la opinión pública. En materia de desempleo, por ejemplo, siempre parece que las cifras no correspondieran con la realidad. En cuanto a la pobreza ocurre igual: en el 2011, a razón de un cambio en la metodología del DANE, la pobreza en Colombia paso de ser de un 44% en el año 2010, al 37% en el año 2011, lo que significó que, por arte de magia, 3 millones 200 mil colombianos dejaron de ser pobres.

Volvamos a los estándares de la OCDE: Aparentemente, en correspondencia a estos mismos estándares, ésta organización propuso al estado colombiano,- sugerencia que fue tomada con un carácter imperativo o vinculante- que el recaudo debía aumentarse y que para ello se gravara con más impuestos a los colombianos, en este sentido, seguramente se ampliará la base y se aumentará el IVA de forma general. Por otra parte, la OCDE ha propuesto aumentar la edad de jubilación de la mujeres a 62 años para equipararla a la de los hombres – en enero de 2014 la edad ya había aumentado de 55 a 57 años -, sin que se descarte que se “deba” hacer una nueva reforma para aumentar la edad de retiro de forma general.

Tal es la obsesión con esta organización internacional, que el plan nacional de desarrollo plantea en sus primeros párrafos: “El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. Es decir, que la brújula que guiará la economía y, en buena parte, el funcionamiento del estado será la política fijada por la OCDE.

Las preguntas que surgen naturalmente son ¿Se debe priorizar la economía y las leyes del mercado sobre las necesidades sociales? Con el nivel de corrupción existente en Colombia, ¿la ampliación de la base gravable y, el aumento en los impuestos y en la edad de jubilación, son medidas que garantizan mayor inversión social?

En materia de educación, es la OCDE, la que diseña e impulsa las famosas Pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Para algunos analistas y pedagogos, la obsesión con esta prueba hace mucho daño. Se trata de una prueba escrita que en buena parte no refleja lo que el estudiante conoce o comprende, un instrumento que mide lo que para la OCDE debe ser el estándar en los niños y jóvenes a los que se aplica la prueba. Todo ello con la visión de desarrollo y de economía que tienen los países que conforman esta organización y, lo peor, de forma descontextualizada, es decir, sin tener en cuenta las particularidades de los estudiantes de los países en los que se aplica y sus entornos, sus culturas, sus intereses y sus potencialidades. En América Latina, se titulaba en los años 2013 y 2014, como a manera de una competencia mediática por los últimos lugares: “México, el peor de la OCDE en educación” (Animal Político -3 de diciembre de 2013), “Prueba PISA: escolares chilenos están entre los más bajos de la OCDE en solución de problemas. Los resultados del test Solución Creativa de Problemas ubicaron a Chile en el lugar 36 de 44” (La Tercera, 1 de abril de 2014), “Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa. Los estudiantes colombianos obtuvieron el peor puntaje en evaluación sobre educación financiera” (El Tiempo, 9 de julio de 2014).

A pesar de que este tipo de pruebas corresponden a sólo una visión que pretende establecer una comparativa entre países y con un enfoque muy limitado de la realidad educativa de los países, en Colombia, los informes de las Pruebas PISA se han usado, por parte del gobierno y muchos medios de comunicación, como arma para desprestigiar la profesión docente. Por una parte están las políticas neoliberales y un nuevo discurso, importado de la empresa, en el que son recurrentes los términos eficiencia, eficacia, calidad total, liderazgo, excelencia, estándares e indicadores; y por otra, el trabajo de muchos docentes, alejados de los criterios economicistas, con ideales igualitarios, de inclusión, equidad, libertad, desarrollo social y convivencia, con respecto a la educación.

Sin que este análisis trate de excusar la responsabilidad de los docentes en la labor formativa de los estudiantes y de desconocer cualquier forma de evaluación, se plantea la necesidad de que ésta responda a la realidad educativa de los países y de las regiones. El estado, por su parte, es el responsable de propiciar todas las condiciones para que la educación, como un derecho fundamental y que debe brindarse de forma gratuita y universal, sea un pilar en la consolidación de una patria más justa y educada, sin sacralizar determinadas pruebas ni a organizaciones internacionales y con modelos no importados que respeten la autonomía escolar y respondan a una visión compartida, entre padres de familia, estudiantes, educadores y sociedad en general, de la educación y el país que queremos.

Editorial en el Programa Radial Ecos del Magisterio – 2 de mayo de 2015
Asinort Ocaña
Jairo Angarita Navarro
Sec. de prensa, propaganda y educación sindical

Fuentes:

– Sitio web de la presidencia de Costa Rica: http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/costa-rica-admitida-como-candidata-
al-ingreso-ocde/

– Ministerio de educación – Colombia: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-275913.html

– BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/12/091215_chile_ocde_jp.shtml

– DANE: http://www.dane.gov.co/files/noticias/Pobreza_nuevametodologia.pdf

– Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/crece-polemica-formula-medir-la-pobreza-colombia

– Fedesarrollo: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Vision-General-Colombia-Presentation.pdf

– Departamento Nacional de Planeación: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf

– Ediciones SM: http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-El-informe-PISA-es-lo-mas-danino-en-la-historia-de-la-educacion-Richard-

Gerver

– El Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201503/09/informe-pisa-danino-historia-

20150309142312.html

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